ANALISIS
LA GUATEMALA DE HOY
“Hay un país de exuberancia, ostentación, derroche y lujo (a pesar de la crisis) y otro de privaciones. Un país de verdades a medias o medias mentiras que habla, sin concreción, de solidaridad (todo es hoy solidario, incluso los caminos que parten del caos y conducen de ida y vuelta a ninguna parte). Y otro en blanco y negro, sin medias tintas: donde políticos, comunicadores, jueces, fiscales, empresarios y criminales tejen una red de negocios, violencia e impunidad”.
Hay un país sin Estado en el que, en 2008, gastos por 611 millones de quetzales en el Ministerio Público, 991 millones en el Organismo Judicial, 1,830 millones en la Policía Nacional Civil, 85 millones en el discretísimo Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 30 millones asignados como contraparte nacional a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, produjeron menos de 150 sentencias condenatorias en delitos contra la vida, casi 6,000 homicidios sin castigo: un 98% de impunidad.
Hay un Estado para un pequeño grupo en el país: instituciones, leyes (o la incapacidad de legislar), sistema de partidos corrupto, gobierno con poca transparencia, actúan en función de la preservación de intereses sectoriales. Donde la concepción clientelar del presupuesto, están concebidas como botín privado, definidas de arriba abajo, en el marco de un sistema político excluyente y vertical o negociada previamente a puertas cerradas con el Ejecutivo en flagrante violación a la constitución.
Hay un país donde algunas cosas cambian para que todo siga igual. Se modifica, dice el gobierno, la matriz energética, pero los beneficiados continúan siendo transnacionales en alianza con empresarios locales impuesto por grandes empresas y multinacionales (energía eléctrica, teléfonos celulares, minería y otros), base de su acumulación de capital. Se agotan ciclos económicos, como el del café, pero aparecen los agro combustibles, fundamentados en la matriz primaria agroexportadora dependiente, la explotación de mano de obra, la reconcentración de la tierra y la propiedad y el dominio de las familias tradicionales, que han diversificado actividades y alianzas. Es decir, más de lo mismo: en Guatemala existen "estructuras (de poder) de larga duración, que se transforman y mimetizan sin llegar a desaparecer", afirma Mara Luz Polanco.
En diecinueve meses muchos diputados cambiaron de partido, el 20% del total de congresistas: De la Unidad Nacional de la Esperanza, de la Gran Alianza Nacional, del Partido Patriota, de Encuentro por Guatemala, del Partido de Avanzada Nacional, de Centro de Acción Social, al tiempo que han aparecido cuatro nuevas formaciones parlamentarias (Bancada Guatemala, Libertad Democrática, Bien y Winaq) mientras otras (Victoria de Abraham Rivera, Creo de Díaz Durán, Podemos de Adela de Torrebiarte, Visión con Valores de Harold Caballeros) no se han formalizado en el hemiciclo pero ya iniciaron su campaña proselitista. A pesar de estos movimientos masivos y abruptos, el sistema de partidos y el sistema político continúan direccionados en la satisfacción de necesidades (micro) sectoriales. Todo esto aunado al despilfarro de recursos del Estado en la amplia y anticipada campaña proselitista de la primera dama de la nación (quien es el poder detrás del trono).
“En Guatemala actualmente los negocios derivados del narcotráfico representan aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto y el doble del presupuesto estatal, donde existe una presencia clave del crimen organizado en instituciones estatales, sobre todo en el sector justicia y el legislativo, y donde se opera la expansión de carteles mexicanos y el fenómeno que el periodista mexicano Ricardo Ravelo define como fase de conversión empresarial de los carteles: "las organizaciones (…) cambian sus viejas estructuras piramidales por modernos esquemas corporativos, que les han permitido bifurcar sus rutas o conformar sociedades para neutralizar o vencer al enemigo". Esta expansión no puede darse, explica Ravelo, sin la existencia de profundos vínculos políticos, institucionales y del poder económico con el negocio del narcotráfico”. En fin, hay un país marcado por la continuidad, la falta de soluciones integrales y estructurales a los problemas, el control de las corporaciones sobre el (ausente, débil, cómplice, vacío) Estado. El abandono de los Acuerdos de Paz, la marginalización de demandas e intereses mayoritarios, la represión, el racismo, el feminicidio, la insolidaridad.
El mantenimiento de un estado subordinado a lógicas empresariales y particulares confronta la autoproclamación socialdemócrata del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Las movilizaciones constantes de indígenas, campesinos y otros sectores opositores revela una compleja interrelación: dos países, dos realidades, dos momentos políticos en confrontación. El gobierno de Colom limita el alcance de la modernización fiscal, impulsa la producción de agrocombustibles o la generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón mineral, extiende el contrato de las petroleras, desoye los resultados de las consultas comunitarias sobre minería en medio centenar de municipios indígenas del país y la opinión de pobladores de San Juan Sacatepéquez opuestos a la instalación de una cementera y de Ixcán al megaproyecto hidroeléctrico de Xalalá. En lugar de fortalecer un nuevo Estado orientado hacia las mayorías, acentúa la criminalización y persecución de movimientos sociales (Izabal, San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Malacatán, Coatepeque, entre otros) y promueve el papel del Ejército como garante de la seguridad, asociado a la lógica de enemigo interno (anuncio de incremento de efectivos militares, redespliegue de destacamentos, iniciado por las fuerzas kaibiles en Izabal, incremento del presupuesto de la Institución en 150 millones de quetzales).
La acción de gobierno se apoya en una alianza entre actores políticos-militares-empresarios-crimen organizado, que recupera las viejas alianzas del conflicto armado y, al negar la necesidad de un nuevo consenso social (el país para todos), anticipa mayor confrontación social. Todo esto apoyado y avalado por personas que en algún momento fueron parte del movimiento popular y de Derechos humanos, quienes fueron cooptados por el actual partido de gobierno desde donde están avalando los estados de excepción y la represión contra los movimientos populares, indígenas y campesinos, (Orlando Blanco Lapola justificó la suspensión de garantías constitucionales en San Juan Sacatepéquez, Coatepeque y otros lugares) y el silencio cómplice de una Ruth del Valle ahora presidenta de COPREDEH mientras se está remilitarizando todo el país, empezando por el Ixcán, uno de los lugares más afectados por la política estatal de Genocidio a través del ejército de Guatemala.
El balance de gestión de la UNE se extiende en las limitaciones del proyecto y es significativamente parco en los logros. El propio gobierno resalta apenas cuatro: gratuidad de la salud y la educación, incremento del presupuesto del Ministerio de Educación (mientras maestros exigen su pago atrasado por 6 meses) , ampliación de la cobertura educativa y, sobre todo, el programa de Cohesión Social, "la pasión" del Presidente (que no es sujeto de ningún tipo de Auditoria social pese a los señalamientos de clientelismo político). Lo positivo de este programa, fundamentado en la transferencia condicionada de recursos, reside en la existencia, por vez primera en los últimos gobiernos, de voluntad política orientada hacia la población pobre (o desamparada, siguiendo la categorización de Aurelio Alonso). Lo negativo es, en primer lugar, la contradicción entre políticas sociales favorables a población pobre y políticas económicas definidas por intereses corporativos. En segundo lugar, el carácter clientelar y asistencialista del programa, alejado del fomento de la participación y empoderamiento sociales. En tercer lugar, el hecho de que Cohesión Social no se está desarrollando sobre la base del fortalecimiento de la institucionalidad estatal, fruto de nuevos consensos sociales y de una nueva legalidad, sino de instituciones y prácticas personales, carentes de control y con marcado carácter coyuntural (orientado a la continuidad de la UNE en el poder).
Mientras tanto las luchas populares no modifican las relaciones de poder. Los movimientos sociales actúan a la defensiva, son vulnerables a la cooptación, el caso del COS en su totalidad, UNIDAD DE DEFENSORES DE DDHH, CONIC y PLATAFORMA AGRARIA, se vinculan a agendas y estrategias definidas en otros ámbitos de poder y con otros intereses (por ejemplo, las movilizaciones a favor del presupuesto elaborado por el gobierno). O la utilización y manipulación de las organizaciones de Victimas del Conflicto armado interno de parte de La SEPAZ y COPREDEH.
El evidente agotamiento del sistema de partidos políticos posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, que no es sustituido por nuevas generaciones para actualizar la visión de país, más bien esta , plagado de intereses personales, sectoriales o de clase, lo que es obvio en la alta dirigencia de todos los partidos políticos, incluyendo la URNG, en donde se evidencia lo racista, discriminatorio y excluyente de la sociedad y estado guatemalteco.